«UN MEDIO PARA LA GUERRA CIVIL»

Reflexiones del sociólogo en referencia a la cuestión de las llamadas «Las Convivir» o Asociaciones de Vigilancia Especial:

1. No ha sido posible establecer con certeza el nombre de «Convivir» que existen en el país. La Confederación que las agrupa habla de 700 y la Superintendencia, que dice que las vigila, afirma que sólo han facilitado 414 licencias. Esta diferencia tan marcada evidencia que no existe un control efectivo de estas entidades por parte del Estado. Y este control no existe por dos razones. En primer lugar, porque cumplen tareas de inteligencia dentro de la población civil y, por tanto, es imperativo mantener en secreto la identidad de sus miembros. Y en segundo lugar, porque estas entidades suelen utilizar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y generalmente no disponen de autorización para utilizarlas. La Superintendencia ha reconocido que no tiene capacidad para vigilar el funcionamiento de «Las Convivir», debido a us proliferación.
2. La organización acelerada de «Las Convivir» ha sido debida en realidad a la ampliación del teatro de la guerra, al aumento sostenido de la inseguridad,y sobre todo, a la incapacidad de la Fuerza Pública para atender con eficacia estos problemas. Los promotores de «Las Convivir» siempre hacen referencia a este uacute;ltimo punto para justificar su existencia. Pero es aquí donde se encuentra la gran contradicción de este sistema. Para que «Las Convivir» actúen de forma eficaz necesitan una Fuerza Pública fuerte y solvente, para que las controle y coordine. Pero estas entidades nacen precisamente de las limitaciones de la Fuerza Pública.
3. Esta contradicción se hará cada vez mayor a medida que incremente el número de «Convivir», y esto puede conducir a que actúen como una fuerza armada ofensiva. La delicada tarea que llevan a cabo las hace objetivo militar y muchas veces se ven obligadas a hacer operaciones de carácter punitivo o de castigo.
4. El problema central radica en que constituyen un sujeto armado que no tiene un vínculo orgánico con las Fuerzas Armadas y que no mantiene una condición subordinada respecto a éstas. Nadie puede invocar el deber de solidaridad y el deber de colaborar con la justicia (art. 25 del Código de procedimiento Penal) para exigir a personas de carácter privado que asuman tareas propias de la policía, encargándose de la prevención y represión de conductas delictivas.

Las actividades que desarrollan «Las Convivir» involucran a los civiles en el conflicto armado, y les hacen participar directamente en las hostilidades. Además, al no formar parte de las fuerzas regulares, quedan excluidas de la protección humanitaria que el Protocolo II adicional en el Convenio de Ginebra de 1974 extiende a la población civil. La consecuencia de todo esto es que cada día aumenta el número de combatientes improvisados, sin entrenamiento y con un total desconocimiento de los principios del Derecho Internacional sobre los conflictos armados. En estas circunstancias aumenta la intensidad de la guerra y la desconexióon entre el campo de batalla y la retaguardia.

Los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos han manifestado sus inquietudes por el hecho de que en Colombia continúen existiendo, al lado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, organizaciones privadas de civiles que llevan armas de guerra con el pretexto de enfrentarse con la insurgencia y la criminalidad comúan. La última queja ha tenido su origen en el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, órgano con peso específico si tenemos en cuenta que fue creado a través de tratados internacionales.

No debemos olvidar la incidencia negativa que ha tenido la violencia parainstitucional (juntas de autodefensa inspiradas en la doctrina de la Seguridad Nacional) sobre los Derechos Humanos en la crisis colombiana. Ya el gobierno de Virgilio Barco tuvo que prohibirlas por ser «responsables de actos perturbadores del orden público», y la Corte Suprema de Justicia las declaró contrarias a la Constitución el 25 de mayo de 1989. Con la organización de «Las Convivir», el Estado ha vuelto a caer en el error de promover la aparición de actores armados que empeoran la situación de la represión ilegal y de la guerra sin contenciones. Aún estamos a tiempo de corregir este grave error. (Alfredo Molano, sociólogo).

Texto enviado por Alfredo Molano al Magistrado Vladimir Naranjo, de la Corte Constitucional, en la audiencia pública hacha por la Corte Constitucional, el pasado 26 de agosto de 1997.