Jordania no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de Viena de 1951). Sin embargo, el marco legal en el que se realizan las intervenciones de los organismos de Naciones Unidas en Jordania, en relación a la población refugiada (palestinos, iraquíes, sirios, yemeníes,…), es el Memorando de Entendimiento firmado con ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) y que se renueva periódicamente. Mediante este Memorando, se articula la definición de persona refugiada y se regula el principio de no devolución y la estancia de las personas que solicitan asilo.

En el caso específico de las personas iraquíes, tal y como afirman Naciones Unidas, el gobierno jordano las considera “invitadas” más que refugiadas. Desde 2008, Jordania exige a los iraquíes un visado de entrada al país.

Respecto a las personas refugiadas de Siria, ACNUR reconoce como refugiados aquellos que cruzaron la frontera con Jordania después de enero de 2012. El paso de personas por la frontera entre Jordania y Siria fue fluido hasta el estallido de la violencia en Siria. En este sentido, cabe destacar la existencia de un acuerdo de cooperación en materia de mano de obra entre ambos países que facilitaba la circulación de personas.

En relación a las personas que huyen del conflicto en Siria desde 2011, durante los primeros años, Jordania mantuvo una política de fronteras abiertas que permitía la entrada de personas refugiadas tanto si lo hacían mediante los pasos fronterizos como si no, y siempre y cuando las personas llevaran una identificación (pasaporte), que en muchas ocasiones era retenida por el ejército. Esta documentación es básica para poder, por ejemplo, inscribir a los recién nacidos en los registros pertinentes y obtener certificados, el permiso de trabajo… La presión exterior -especialmente, de Estados Unidos- para el mantenimiento de esta política ha sido importante. Sin embargo, los atentados en varios puntos de la frontera con Siria han hecho que el ejército jordano cierre de forma provisional el acceso a su territorio; un acceso que, según documentos de Naciones Unidas, está especialmente vetado a palestinos e iraquíes provenientes de Siria. En virtud del Memorando, este veto no debería darse, como tampoco deberían suceder los casos de devolución a Siria de familias palestinas asentadas en Jordania, ya que van en contra del principio de no devolución.

El hecho de disponer de una acreditación como persona refugiada permite acceder a una serie de servicios provistos por ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos, etc.; pero no implica automáticamente disponer de un permiso de residencia, poder acceder a un puesto de trabajo, a los servicios de salud o a las escuelas del sistema público.

En la actualidad [marzo de 2017], se calcula que un 20% de la población siria que ha accedido a Jordania vive en campos de refugiados. El 80% restante vive en ciudades o núcleos urbanos.

Uno de los elementos clave para la subsistencia de las personas refugiadas es el relacionado con los permisos de residencia y trabajo. Un porcentaje muy pequeño de sirios dispone de permisos de residencia. Respecto al permiso de trabajo, según la legislación de Jordania, el derecho al trabajo está limitado a la ciudadanía jordana, con excepciones avaladas por el Ministerio del Interior y en el caso de trabajos específicos que no puede desarrollar esta ciudadanía, para los que se conceden permisos de trabajo a personas extranjeras. El Ministerio de Trabajo de Jordania elabora periódicamente una lista cerrada de profesiones que sólo puede ejercer la ciudadanía jordana. Entre estas profesiones se encuentran las siguientes: administración, curia, ventas, decoración, electricidad, mecánica y reparación de coches, conducción, peluquería, medicina, ingeniería,…

Un importante porcentaje de personas refugiadas que han llegado a Jordania compite en el mercado de trabajo por empleos con bajo nivel de cualificación. Debido a la falta de documentación y al elevado coste de los procedimientos burocráticos, muy a menudo estas personas trabajan en la economía sumergida, y sufren las prácticas abusivas que ello puede implicar, como la explotación laboral, el trabajo infantil,…

 

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