El conflicto es normal en una sociedad, no es algo patológico, ni una manifestación de males incurables. “Ninguna colectividad humana es homogénea. Cada una está compuesta por una multitud de categorías sociales diferenciadas por numerosos criterios: edad, religión, lengua, clan, etnia, región, opinión filosófica o ética, la categoría socio-profesional, el trabajo, la vivienda, etc. Algunas de estas categorías forman grupos de presión, actores colectivos más o menos estructurados, de influencia desigual, expresando y defendiendo intereses parcialmente complementarios y opuestos” (Bajoit, 1992). El conflicto, manifestación natural de las comunidades humanas, ha de ser entendido como la expresión de la diversidad y la complejidad de una sociedad con múltiples intereses, expectativas y problemas de los grupos que la conforman (Vargas Velázquez, 1994).

Paul Oquist nos plantea que “la violencia es un proceso estructurador importante y a veces decisivo en la historia colombiana… (esto) puede hacer parecer que el país haya tenido un pasado particularmente violento. Sin embargo, una histeria violenta es común a la humanidad en su conjunto. Una de las principales características de la violencia es su universalidad en los procesos estructuradores de las sociedades humanas. Aun así, este no es el punto fundamental: más importante es el hecho de que los seres humanos son pacíficos bajo determinadas circunstancias estructurales, y son violentos bajo otras…” (Oquist, 1978).

Lo que es problemático y condenable es que los conflictos se desplacen hacia una dimensión de las relaciones sociales en la que la única solución posible sea la eliminación del otro, entendido como un enemigo.

En este sentido consideramos importante hablar de un presupuesto metodológico del sociólogo Guy Bajoit, en el que se definen las siguientes categorías, como herramienta de análisis de los conflictos sociales:

1. I. Acción colectiva conflictual “es la de una categoría social (los miembros de una clase, un raza, un grupo sexual, religioso, lingüístico, urbano, rural) que evidencian una desigualdad de la que ellos son víctimas, y que es consecuencia de sus intercambios con otra categoría social, definida como adversaria. Esta evidencia de la desigualdad no lleva, por el contrario, a excluir al adversario, ni a romper la relación: ésta, por el contrario, apunta a mejorarla, a hacerla más soportable, a darle nuevas bases. Al mismo tiempo, la categoría social adversaria, que se beneficia de la desigualdad, no puede o no desea optar por una estratagema de exclusión y se ve abocada a un intercambio conflictual”.
2. II.Acción colectiva contradictoria “es la de una categoría social (un ejército, una guerra, una minoría amenazada, un partido revolucionario opuesto a un Estado, un grupo delincuencial…) que busca excluir de la relación a otra categoría social, o es amenazada de ser excluida por la otra. Que quede claro que la exclusión pone fin a la relación, no necesariamente a la existencia física de la otra. Aquí no existen, como en el conflicto, finalidades comunes en juego: cada uno busca la eliminación de la otra para ejercer el control del entorno… No hay “reglas del juego”: todos los golpes están permitidos si ayudan a reforzar o a destruir la desigualdad”.

Con todo esto, y a efectos del análisis, hemos establecido una distinción entre estas dos dimensiones del conflicto social. La dimensión conflicto, que implica un campo de enfrentamientos sociales, casi siempre por reivindicaciones societarias, alrededor de la cual hay posibilidades de llegar a la negociación entre los actores, que se miran a sí mismos como adversarios. La dimensión contradictoria, que hace referencia a aquel campo de los enfrentamientos sociales, alrededor de reivindicaciones políticas y sociales, que ya sea por las prácticas de los antagonistas o por las imágenes implícitas del otro (percibido como un enemigo), hace casi inexistentes los espacios de acuerdo y da margen al enfrentamiento, caracterizado por la primacía de la coerción, en este caso (Colombia), la utilización de la violencia como elemento fundamental.

En esta perspectiva, la violencia como parte de la acción política estaría asociada a la convicción (real o supuesta) de que el conflicto entre actores sociales y políticos, sólo se desarrolla en la dimensión contradicción, y que en el escenario sociopolítico no existen oponentes con proyectos comunes, sino antagonistas irreconciliables, con proyectos excluyentes y pretensiones de dominación total.

Los diferentes conflictos que vive la sociedad colombiana, muchas veces desplazados hacia tratamientos violentos, tienen un trasfondo que no se puede olvidar, ni minimizar, porque es dentro de éste donde se originan, se reproducen y resuelven o agudizan.

Una sociedad autoritaria produce comportamientos autoritarios. Sin duda, la ideología del dogma, de la intransigencia y la intolerancia, la de verse como únicos “portadores de la verdad”, ha orientado la conducta de los actores de la sociedad colombiana: los políticos (armados o desarmados) y los sociales; la tendencia histórica ha sido la de resolver las insatisfacciones sociales y políticas con la violencia-

Por eso, la represión frente a las luchas sociales, casi siempre como transformadoras del orden establecido, ha sido una respuesta recurrente. La parcialidad de las instituciones estatales en los diferentes conflictos en contra de los intereses de sectores sociales subordinados, ayudó a deslegitimar el Estado y transformarlo en un elemento de legitimación de los actores que lo conforman.

Si bien los orígenes del conflicto armado colombiano se remontan al principio del decenio de los 60, y en algunas características tiene relación con la violencia bipartidista de los años 50, es evidente que en la década de los 90 esta confrontación adquiere particularidades que es necesario analizar y valorar.

Los grupos guerrilleros, más allá de situaciones coyunturales, han mostrado a lo largo del tiempo un crecimiento sistemático y continuado y un proceso de expansión en todo el territorio nacional. “En 1985, 173 municipios presentaban en el pasado presencia guerrillera, mientras que en 1995 esta cifra llegaba a los 622” (Observatorio de la Violencia, Bogotá, 1996).

Hoy en día, los grupos alzados en armas ponen todo su esfuerzo en controlar o influir sobre los poderes regionales y locales, manteniendo ante estos una ambigua y contradictoria relación: se atacan como espacios de clientelismo y corrupción, al mismo tiempo que se establecen relaciones de convivencia y adecuación mutua. Parece existir una relación pragmática de beneficio recíproco, que para muchos hace confusos los objetivos de la guerrilla, aunque no se puede interpretar como el abandono en su pretensión de acceder al poder nacional.

Desde el punto de vista táctico y militar, la insurgencia ha tenido últimamente éxitos en la concentración de un mayor número de fuerzas militares sobre objetivos específicos. Esto ha creado una falsa sensación de triunfalismo militar y ha comportado una cierta prepotencia política. Pero todo esto no quiere decir que se esté generando una guerra de posiciones o llegando a una capacidad de la guerrilla para defender territorios, aunque sea por un tiempo limitado.

El panorama del conflicto guerrillero se ha modificado substancialmente. “La guerrilla, que en el pasado actuaba de forma preponderante en regiones rurales y aisladas, en la actualidad se acerca a los centros político-administrativos más importantes el país y demuestra una presencia muy activa en zonas petroleras, mineras, de cultivos ilícitos, zonas fronterizas y con importante actividad agropecuaria. Es así, como la nueva geografía del conflicto armado, refleja con claridad como la guerrilla se extiende de forma cada vez más evidente hacia zonas que le dan ventajas estratégicas en la confrontación.

Por otra parte, también ha habido un cambio en los grupos de autodefensa o grupos paramilitares. Cada día buscan construir mayores niveles de legitimación en las regiones donde tienen presencia, volviéndose abanderados de reivindicaciones regionales y cada vez más críticos del Estado y de la forma de actuar de las Fuerzas Armadas. Un informe reciente del gobierno refleja con claridad la naturaleza del paramilitarismo, cuando dice: “Se definen como una organización civil defensiva, armada, surgida como consecuencia de las contradicciones de carácter político, económico, social y cultural de la sociedad colombiana, agravadas por la conducta omisiva del Estado…”

Manifiestan que: “el abandono secular del Estado constituyó el centro del discurso político de la insurgencia armada para buscar un orden revolucionario, de la misma manera que el abandono de los deberes de proteger la vida, el patrimonio y la libertad de los ciudadanos dio origen político y militar al movimiento de las autodefensas…las dos expresiones armadas comparten el mismo origen desde el punto de vista de las causas de su nacimiento… pero rechazan, eso sí, el desbordamiento de los medios utilizados para conquistar estos fines”.

Esto viene acompañado de un esfuerzo de los grupos de autodefensa para transformarse en un proyecto nacional que supere su fragmentación y especificidad regional. Éstos vienen desarrollando una táctica decopament territoriales de regiones, con un coste social y de violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario muy amplio, aunque (también se ha de reconocer) con un relativo éxito desde el punto de vista estrictamente militar.”… alrededor de 200 municipios han tenido manifestaciones de presencia de grupos paramilitares, de autodefensa, y de justicia privada en la primera mitad de esta década. Debido a que muchos de estos grupos nacen como consecuencia de la presión de la guerrilla, su influencia coincide con la presencia de la guerrilla” (Observatorio de la Violencia, Bogotá, febrero de 1997).

Estamos ante un crecimiento simultáneo de las organizaciones guerrilleras y de los grupos de autodefensa, lo que nos da indicios preocupantes de la generalización del conflicto, al menos en el mundo rural. La táctica de las fuerzas enfrentadas parece orientarse hacia la consolidación de territorios propios y a la disputa por los que están en manos del adversario. Pero en ambas situaciones recurren al control poblacional y territorial de las mismas. Un ejemplo claro es lo que sucedido este año (1997) en Urabá, el Cesar, y hace poco en los límites del Meta y el Guaviare.

La homogeneización política de las comunidades locales, con repercusiones en términos de desplazamientos poblacionales, intimidaciones, masacres, asesinatos selectivos (de políticos, candidatos, funcionarios públicos) y la alteración del debate electoral, ya sea interfiriéndolo o impidiéndolo, constituyen estratagemas de las autodefensas para reafirmar el control sobre los municipios y regiones, y de paso para argumentar el cuestionamiento de al legitimidad del régimen político.

Nunca como ahora, en la historia reciente colombiana, ha estado tan amenazado el debate electoral. El ELN, tradicionalmente tenía una posición antielectoral, heredada de la posición de Camilo Torres Restrepo, un abstencionista teórico, y sólo en casos muy asilados se daba un sabotaje real de los procesos electorales. Las FARC tenían una tradición de hacer treguas unilaterales durante la época electoral, con la finalidad de que las fuerzas de izquierdas ganasen espacios en los concejos, asambleas o en el Congreso.

Estos comportamientos se modifican este años (1997) por dos razones aparentes: la primera, el asesinato de numerosos miembros de la UNIÓN PATRIÓTICA y de otras fuerzas de izquierda en los últimos años, los ha dejado sin dirigentes regionales y locales capaces de avanzar la tarea proselitista con posibilidades reales de éxito. Esto parece deducirse de la consigna del ELN, “habrá democracia para todos o no habrá para nadie”; la segunda, la intensificación del conflicto armado que se refleja en una guerrilla extendida por toda la geografía nacional, que todavía no tiene posibilidades de una victoria militar, sí que le da una mayor capacidad de obstaculizar el proceso electoral, y de intimidación de los candidatos y de los electores.

En relación con los intentos de control coercitivo de los territorios municipales es importante tener en cuenta el siguiente análisis: “En la práctica, las organizaciones armadas (guerrilleras y paramilitares) han sustituido el propósito de conseguir influencia política mediante candidatos y electorados propios, para la práctica, cada vez más numerosa, de la intimidación. Esto les permite establecer las reglas del juego y compromisos con los candidatos, para que no escapen a su control.” (Observatorio de la Violencia, Bogotá, 1997).

Ante todo esto, la Fuerza Pública parece apostar por una acción táctica defensiva, más ocupada en proteger instalaciones fijas (incluyendo las suyas) sin una estratagema clara de ataque. Esto hace que se acentúe la sensación de pasividad por parte de al Fuerza Pública (equivocada desde el punto de vista de Alejo Vargas). Esto genera una doble actitud, ambas preocupantes por sus repercusiones para la vida institucional: buscar un acomodamiento con las fuerzas de la guerrilla en consolidación, o bien, un apoyo abierto en algunas ocasiones y soterrado la mayoría de las veces, a las autodefensas, como las únicas organizaciones con capacidad de infringir derrotas a la guerrilla.

A nivel interno se ha de destacar el nuevo ordenamiento constitucional establecido por la Constitución Política de 1991, que introdujo elementos progresivos como la Carta de Derechos, el reconocimiento del carácter multiétnico de la sociedad colombiana, los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, las acciones de tutela y populares para la defensa de derechos individuales y colectivos, todos ellos de indudable gusto democrático.

Además es necesario considerar el camino abierto por la administración de Belisario Betancur, buscando una solución política al conflicto armado. Dentro de su innovadora fórmula se produjeron negociaciones con organizaciones guerrilleras como el M-19, un sector del ELP, el PRT, el Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista y algunos sectores de Milicias Urbanas. Estos ejemplos han dejado, sin duda, elementos positivos y negativos para el aprendizaje colectivo.

El Presidente Samper (1994-1998), desde su campaña presidencial, dio prioridad a la paz como objetivo fundamental de su gobierno. En esta dirección consideró que la paz involucraba acciones del gobierno, la meta final del cual, era la transformación política y cultural de todos los colombianos, dicho de otra manera, formar un nuevo ciudadano: más productivo en el ámbito económico; más solidario en el ámbito social; más participativo y tolerante en el ámbito político; más respetuosos con los Derechos Humanos y, por tanto, más pacíficos en sus relaciones entre ellos; más consciente del valor de la naturaleza y, por tanto, menos depredador; más integrado en el ámbito cultural y, por tanto, más orgulloso de ser colombianos” (Samper, 1994).

Y claro, como componente de esta Política Integral de Paz estaba incluida la solución negociada del conflicto armado que incluía básicamente el diálogo útil, la construcción conjunta de una estratagema de paz (agenda, procedimientos, calendarios, tratamiento de la información), el reconocimiento del carácter político de las organizaciones guerrilleras, la negociación en medio del conflicto, la participación activa, permanente y efectiva de la sociedad civil, la priorización de los acuerdos en relación con la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Pero, a pesar de esto, el gobierno de Samper y el régimen político colombiano en su conjunto ha sido sacudido por la crisis asociada a la financiación de campañas electorales con dinero del narcotráfico. Esta situación, que disminuyó la credibilidad y la legitimidad del Gobierno, mantiene polarizada la sociedad colombiana, lo que ha creado dificultades para encontrar consensos relevantes ante las propuestas de las organizaciones guerrilleras, al mismo tiempo que ha permitido a éstas jugar y estimular estas fracturas sociales a su favor. Para algunos sectores sociales (especialmente empresarios) parece que den más importancia a sus diferencias con el gobierno y sus políticas, que con las organizaciones guerrilleras.

Pero la crisis del régimen no tiene que ser un obstáculo para iniciar el tránsito hacia una salida política negociada, al contrario, es necesario afrontar la situación de forma seria y persistente, para introducir reformas en nuestro sistema político, que completen lo que la Constitución de 1991 dejó a medio camino, o al menos que se desarrollen algunos aspectos que se mencionan.

Adicionalmente, tenemos que considerar como elemento positivo (desestructuración-estructuración-desestructuración) la creación en los últimos tiempos, de movimientos de la sociedad colombiana que buscan estimular las condiciones propicias para el inicio de un proceso de solución negociada del conflicto armado. De entre éstos se pueden destacaar: la “Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz; el Comité de Búsqueda de la Paz; los Grupos de Empresarios por la Paz”; y sobre todo, la creación de Comisiones Independientes de Colombianos que buscan cumplir los papeles de aproximación, facilitación o de buenos oficios entre el Gobierno colombiano y las organizaciones en armas.

Como constatación general, existe hoy día una mayor comprensión de la dinámica del conflicto armado y una mayor sensibilización en la búsqueda de salidas políticas negociadas del mismo. Esto es un nuevo elemento positivo de gran importancia, en la medida en que refleja la toma de consciencia de los efectos devastadores de la confrontación armada en la sociedad colombiana.

Pero no todo el mundo piensa así. Persisten todavía sectores que creen sinceramente en una salida militar a la confrontación. También muchos sectores dirigentes, sobre todo regionales, esconden detrás de su discurso de solución política negociada, el apoyo a salidas de confrontación. Expresadas con simpatías hacia grupos de autodefensa o estrategemas como las de las Asociaciones Privadas de Vigilancia (CONVIVIR).

Evidentemente, la relación entre grupos guerrilleros, particularmente las FARC, y la actividad del narcotráfico, es amplia y contradictoria.

Colombia, como ningún otro país de América Latina, ha tenido una historia muy particular en torno al problema de las drogas: cultivos ilícitos (marihuana, cocaína, o amapola), procesamiento y producción de derivados, comercialización y distribución. Desde una perspectiva histórica es necesario reconocer la existencia de una economía ilegal que se remonta hasta la Colonia (contrabando de tabaco, quina). La relación más reciente es la que se desprende de la entrada de contrabando de bienes de lujo, el tráfico de esmeraldas y la proliferación de compra-ventas (casas de empeño).

El narcotráfico surge como una actividad productiva y mercantil desarrollada por individuos y organizaciones interesadas fundamentalmente en la consecución de un desbordante lucro personal. Esta actividad está caracterizada por tres grandes componentes: su ilegalidad, la proyección internacional y el ser una actividad económica capitalista con grandes rendimientos, precisamente por las otras dos características.

La operación económica del narcotráfico implica actividades agrícolas generalmente desarrollados por pequeños productores en zonas de colonización reciente. Estas actividades están reguladas por organizaciones guerrilleras, que cobran impuestos bajo la modalidad del gramaje y transforman estas rentas en fuentes privilegiadas de ingresos. De aquí el nombre de “narcoguerrillas”, acuñado por un embajador de EEUU. Por otra parte, el procesamiento de la droga incluye la presencia de precursores químicos y tecnología provenientes de la gran industria química de los países desarrollados. El tráfico y las redes de distribución al detalle a los consumidores se dirige prioritariamente a los países de capitalismo desarrollado y después a los consumidores de nuestro país.

La enorme acumulación de capital, especialmente de los agentes comercializadores y de distribución al detalle, se reinvierte en la economía de los diferentes países, lo que genera nuevos sectores sociales con voluntad de tener expresión social y política, a la vez que se crean espacios de legitimidad social frente a esta nueva actividad y los sectores expresivos.
Es así como se inician los procesos de inserción en el ámbito social y político de estos nuevos sectores sociales (empiezan a aparecer los narcopolíticos) y empiezan a producirse choques con los sectores políticos tradicionalmente dominantes y algunos subordinados de la sociedad, fundamentalmente por sus reservas éticas.

La indiferencia con la que la sociedad colombiana ha vivido ciertas manifestaciones de la ilegalidad, que se acerca a la complicidad, es un síntoma preocupante de la tendencia que existe, en situaciones de anomia social, a considerar que la anormalidad, cuando es recurrente, tiende a volverse normal.

Al mismo tiempo se inicia un proceso de inserción económica de nuevo capital, siendo el sector agrario uno de los primeros blancos de la compra de tierras. En este punto, la expansión del narcotráfico se entrecruza con los conflictos derivados de la lucha guerrillera y contraguerrillera y asume posiciones regionalmente contradictorias, en unos casos de convivencia con el control ejercido por la insurgencia en aquellos territorios, y en otros, de virtual confrontación con estas organizaciones. Aunque, en general, se posicionan claramente a favor de los propietarios de las tierras y sus alianzas regionales, incluidos sectores militares metidosenla lucha contraguerrillera. En este ambiente surgen los narcomilitares y los narcoterratenientes, con los que confluye la creación y consolidación de los llamados grupos de autodefensa, para luchar contra lo que consideran abusos de los guerrilleros.

En los años 80, el problema de la droga cambió sus reglas del juego fruto de este proceso.

Estos grupos de autodefensa, patrocinados económicamente por sectores sociales vinculados al problema de la droga, evolucionaron hacia grupos paramilitares más profesionalizados, entrenados para una campaña de exterminio y acobardamiento social de las zonas donde los nuevos capitales sitúan sus inversions, intentando limpiarlas de guerrillas, auxiliadores, comunistas, y todos aquellos que reivindiquen demandas sociales de las capas subordinadas de la sociedad. Posteriormente esta campaña se extiende a nivel nacional y los grupos paramilitares se transforman en profesionales de la muerte, que son la vanguardia de lo que algunos denominan el “proyecto narcofascista” de sociedad.

Dentro de esta dinámica expansiva del narcotráfico se inició una confrontación limitada entre algunas instituciones estatales y grupos dedicados a la comercialización y distribución al detalle de la droga, acudiendo a métodos terroristas indiscriminados, como una estratagema para incrementar al máximo su capacidad de presión sobre el Estado y de intimidación generalizada de diversos núcleos sociales. Es por esto que no se entiende que el Estado colombiano no permita la extradición de colombianos a Estados Unidos.
Desde el punto de vista legal, el Estado empezó tratándolo como un delito común más, pero progresivamente se ha ido considerando como un delito “cuasi político”, que por sus singularidades (su carácter colectivo, la presión sobre las instituciones estatales, atemorización de miembros destacados de las clases dominantes primero y después de toda la sociedad, etc.) requiere un tratamiento sui generis.

La confrontación entre instituciones estatales y los cárteles de la droga, que se desarrolló en torno al uso de la extradición por los primeros, y de métodos terroristas, por los segundos, parecen haberse convertido en la búsqueda de salidas no militares, es decir, una solución vía negociación. La Asamblea Nacional Constituyente de 1991, eliminando la extradición de la nueva Constitución Política de Colombia, creó un marco normativo favorable para la búsqueda de salidas diferentes a la de la guerra. A pesar de esto, fruto de la presión de los EEUU, se está produciendo un retorno hacia la implantación de la extradición. Los EEUU consideran la extradición como la única medida intimidatoria para traficantes de droga.

El problema de la negociación del conflicto armado en Colombia es mucho más complicado que un simple problema de voluntad. Aunque, como apunta el proyecto de Negociación de Harvard “cuanto mejor sean las relaciones entre las partes, más fácil será la exploración conjunta de sus intereses y de las posibles opciones creativas para satisfacerlas” (Ertel, 1996).

Por supuesto que una buena capacidad negociadora puede ayudar, pero no se ha de perder de vista lo más importante: se trata de un proceso de negociación política entre actores con poder (que no significa que estos poderes sean equiparables). No se trata de negociar la desmovilización de grupos guerrilleros virtualmente paralizados, sin medios ni fines, ni se trata de imponer las condiciones de la rendición a un enemigo derrotado. En el trasfondo hay un conflicto planteado entre el Estado y los sectores dirigentes de la sociedad, por un lado, y las organizaciones insurgentes que pretenden disputar este poder.

Como señala R. Launay, en un esfuerzo por acercar el conflicto y la negociación, ésta “es una dinámica compleja, que combina procesos conflictivos y cooperativos, dinámica momentánea y frágil con predominio cooperativo, escogida o no por los partidarios/adversarios, que tiende a arreglar de forma pacífica un conflicto pasado, actual o potencial, excluyendo, provisionalmente al menos, la fuerza, la violencia, el recurso a la autoridad, e implicando el reconocimiento de los partidarios/adversarios como diferentes y teniendo cierto poder. El retorno al conflicto, más allá del objeto de las negociaciones, está presente como la amenaza y el motor de la negociación en la medida en que es un proyecto común” (Bellenger, 1995).

Si se está delante de un proceso de negociación política, no se puede pensar que lo único, y seguramente tampoco el primero a negociar, es el fin de las hostilidades. Es importante llegar a acuerdos en este punto, pero lo que se avance en este campo está asociado a lo que pasa con la agenda política. Por eso es importante destacar lo que ha planteado el gobierno de Samper (1997), negociar en medio de al confrontación. Esto no quiere decir que la negociación se centre en discusiones ideológicas, en principios abstractos, sino en los puntos de interés específicos y sus soluciones.

Llegados a este punto del análisis es importante recordar las recomendaciones del Proyecto de Negociación de Harvard cuando afirma: “Un fundamento paradigmático de los procesos de negociación y de los mecanismos para gestionar los conflictos bélicos, laborales, legales u otros, radica en que su enfoque principal ha de ser el de los intereses de las partes. No sus posturas de negociación, ni su poder de coerción ni sus derechos legalistas.” (Ertel, 1996).

Para avanzar hacia un diálogo y una negociación útiles, es necesario acordar unos principios iniciales que orienten el comportamiento de las partes. Al respecto consideran los elementos presentes en los procesos de negociación exitosos:

1. El respeto por el ”otro” y su reconocimiento como interlocutor político válido.
2. Un compromiso de las partes de no suspender el proceso de negociación mientras no se llegue a un acuerdo global, sean cuales sean los obstáculos que se presenten.
3. Una gestión unificada de la información en los medios de comunicación social mediante una Oficina de Prensa del proceso y el compromiso de los negociadores de no emitir declaraciones en la prensa sobre el desarrollo del proceso negociador.
4. La disponibilidad y/o presencia de un ente o persona que aporte sus buenos oficios en la mesa de negociación, que contribuya al proceso negociador y que al mismo tiempo sea depositario o garante de los acuerdos producidos.
5. Que la Política de Negociación y Paz comporte elementos que den credibilidad a las partes. partes. Algunos elementos serían:
   1. Estabilidad en el tiempo. Esto quiere decir que si es necesario vaya más allá de un gobierno determinado;
   2. Presencia en la mesa de negociación (a través de mesas paralelas) de los sectores reales de poder de la sociedad, es decir, empresarios, propietarios de la tierra, sindicatos, fuerzas militares (aunque sean parte del gobierno han de tener representación especial);
   3. Liderazgo del ejecutivo, como responsable constitucional del orden público, lo que no significa monopolizar el proceso. Por eso es útil la creación de un Consejo Nacional de Paz representativo de los sectores de poder de la sociedad, que apoye permanentemente el proceso de negociación;
   4. Apertura de todas las temáticas relacionadas con el conflicto político armado, tanto de orden coyuntural como las de tipo estructural;
   5. Voluntad clara de los actores para encontrar salidas a los problemas y no poner obstáculos a cada solución.

Inicialmente parece necesario encontrar respuestas, aunque sean provisionales, a las siguientes interrogantes, para tener claro en qué terreno se moverían las negociaciones:

1. ¿Se conocen de forma clara los adversarios, sus lógicas, discursos, prácticas, demandas y aspiraciones?
2. ¿A cambio de qué las organizaciones guerrilleras están dispuestas a modificar sus prácticas y vaciarlas dentro de las institucionalidad?;
3. ¿Qué está dispuesto a negociar el gobierno y la sociedad colombiana a cambio de poner fin al conflicto político armado? ¿qué está dispuesta a negociar la Coordinadora Guerrillera?

El esquema de negociar exclusivamente las condiciones para la desmovilización de los alzados en armas y su posterior reinserción en la vida civil, es insuficiente y no permite prever salidas exitosas, con las actuales organizaciones guerrilleras de las FARC-EP, el ELN y el EPL. Está claro que ha de ser uno de los temas centrales, pero nunca el único. “Lo que se busca no es un acuerdo en sí, sino unas soluciones que tengan la posibilidad de afrontar verdaderamente los conflictos y sus raíces” (Ertel, 1996).

Es necesario centrar la negociación en otros temas de la agenda, para los cuales la participación de la sociedad civil, además de las partes enfrentadas, es básica. Es la sociedad colombiana la que define hasta dónde está dispuesta a ceder en cada uno de los temas de discusión. Dentro de los posible, los temas de la Agenda se pueden plantear como una reelaboración de un nuevo Pacto Social que tenga expresión normativa en una nueva Constitución Política, o como desarrollos legales de la Constitución de 1991(eventuales reformas).

En el caso de las organizaciones guerrilleras FARC-EP, ELN, EPL no es creíble que cambien 40 años de lucha por la posibilidad de unos fórums de discusión con diversos sectores sociales. No es tan sencillo, la situación es mucho más compleja.
Es por esto que una negociación política del conflicto armado ha de tener una agenda que toque temas como: el problema agrario colombiano, las políticas para la gestión de los recursos energéticos, el problema de la representación política del ámbito social, la política social del Estado, el problema de los poderes regionales y su relación con el desarrollo regional, el papel de la Fuerza Pública y de las políticas de seguridad ciudadana en una sociedad posconflicto. No se trata simplemente de ejercicios académicos en relación con los puntos considerados, sino de llegar a acuerdos específicos, viables y verificables.

Es necesario romper con la tradición de los gobiernos colombianos de considerar el diálogo y la negociación como mecanismos para desmovilizar movimientos sociales y pasar a verlos como un instrumento para resolver problemáticas nulas.

Ha de quedar claro que se trata de resolver un problema político y no uno delincuencial. Se trata de hacer que el conflicto social se continúe expresando en los ámbitos propios y que no se recurra a la confrontación militar como respuesta a la criminalización permanente desde el Estado. Es por eso, que los actores de los conflictos han de tener representación en la mesa de negociación: obreros, campesinos, pobladores de las regiones, etc, porque en última instancia es con ellos con quienes se han de dar los acuerdos sustanciales.

La idea de desarrollar la negociación en medio de un escenario similar al de una Asamblea Constituyente, apoyada por el Consejo Nacional de la Paz y conformada con participación popular mediante importantes procesos regionales de consulta a la sociedad colombiana, el gobierno y la insurgencia, con capacidad autónoma para decidir, ha de ser considerada como una opción probable. Esto probablemente se acercaría a lo que el ELN se llama “Convenio Nacional” de los colombianos para encontrar salida a los problemas nacionales; mucho más todavía si tenemos en cuenta la reciente sentencia de la Corte Constitucional respecto al delito político, que deja en evidencia cómo una de las ramas del poder público se puede volver un obstáculo para la solución del conflicto armado en Colombia.

La propuesta del Consejo Nacional de Paz es una iniciativa de sectores relevantes de la sociedad colombiana y del Estado (Vargas Velázquez, 1996). El Consejo Nacional de Paz podría garantizar que la política pública de paz sea producto de un consenso entre sociedad y poderes estatales y no sólo una tarea de gobierno, de forma que responda a grandes acuerdos nacionales y asegure la continuidad que le tema requiere. Los avatares propios del conflicto no pueden ser argumentos para suspender la negociación, como demuestra la experiencia del pasado. Es por eso que el Consejo Nacional de Paz ofrece a las organizaciones guerrilleras un interlocutor serio y representativo, no sólo del Estado sino de la sociedad colombiana, que pueda negociar y pactar con la certeza de que está representando el sentimiento mayoritario de la sociedad colombiana.

La prioridad principal de las negociaciones ha de ir en la dirección de apartar a la sociedad civil del conflicto, aunque el objetivo final sea acabar con él. Pero mientras esto no llega es necesario disminuir los efectos perversos que la guerra tiene sobre la población no combatiente. También son necesarios los eventuales diálogos regionales, que pueden ser útiles a la hora de analizar particularidades regionales del conflicto y necesarios para precisar alternativas de solución.

La persistencia del enfrentamiento armado comporta que una importante proporción de los recursos nacionales se destinen a la guerra, cuando podrían, bajo circunstancias diferentes, destinarse al desarrollo de las regiones. Pero el desarrollo de las regiones no es sólo tarea del Estado, sino también una responsabilidad colectiva de la sociedad regional.

Es necesario pensar de forma creativa y realista un Estado en que convivan poderes regionales y locales diversos, con alternativas de desarrollo construidas de forma consensuada, con autonomía para la toma de decisiones, y que sean el reflejo de las diversas relaciones de poder existentes: es por esto que podemos decir que desarrollo regional y paz van juntos.

La negociación del conflicto armado colombiano ha de ser un pretexto para repensar colectivamente el país y su futuro como Nación. La creación dentro del Estado de los mecanismos que posibiliten a todos los actores sociales expresar sus demandas, necesidades y problemas y encontrar soluciones, producto de acuerdos. El repto es cómo hacerlo para que la salida al conflicto armado se articule en la construcción de una Colombia estable al final del milenio, esto es, con una gobernabilidad democrática

Esto implica repolitizar la sociedad y socializar la política, por lo que es necesario colocar en primer lugar de la acción política y social la estrategema de negociación, que por esencia la lógica de la acción política y de la acción democrática. Es necesario crear mecanismos permanentes de concertación de las políticas públicas, que junto con el Congreso refleje adecuadamente la realidad social y política del país, que sea por excelencia el espacio de la toma de decisiones.

Construir la gobernabilidad para la Colombia de final de siglo implica considerar a todos los actores relevantes y su poder relativo, y hacer compatibles éstos con la representación en el proceso electoral democrático, es decir, el de las mayorías. No se puede pensar en una gobernabilidad democrática excluyendo a grupos importantes de la sociedad.

Finalmente, desde el Instituto Popular de Capacitación de Medellín se afirma, que violencia y paz son movimientos que crucen todos los espacios de la vida pública y privada de nuestra sociedad, y que desorganicen y organicen al mismo tiempo nuestras estructuras en todos los terrenos… En una interpretación dialéctica del papel de la violencia en nuestra sociedad, consideramos que constituye, en la actual realidad colombiana, un eje desestructurante-estructurante-desestructurante de la sociedad. Esto quiere decir que, aunque significa destrucción y muerte, también contiene procesos de organización a su alrededor: organiza diversos actores que hacen la guerra, que se aprovechan de sus consecuencias y que finalmente acaban viviendo en ésta. Por otra parte, se constituyen nuevos actores fruto del rechazo de la violencia y de la guerra, incluso se generan movimientos sociales que trabajan por el respeto de los Derechos Humanos y por la paz.