En el día a día es posible identificar la opresión, discriminación y segregación que padecen las mujeres en todos los ámbitos: educativo, familiar, laboral, político y de justicia. Muchas de estas actitudes se asumen como “normales”, ya que en la transmisión de conocimientos y de valores se reproduce la ideología dominante.
Las diferencias biológicas entre hombres y mujeres han sido, y continúan siendo, el soporte de una valoración social diferenciada entre ellos, con un impacto decisivo tanto en la definición de ámbitos de competencia, roles y funciones que corresponden a unos y otras, como en lo concerniente a la asignación de las oportunidades, recursos y espacios de decisión, o en palabras de Simone de Beavoir (1998): “la mujer no nace, se hace”.

Las mujeres mexicanas representan poco más del 50 por ciento de los 106,5 millones de habitantes del país. En los últimos 25 años, como consecuencia del rápido descenso de la fecundidad y la transformación de los patrones reproductivos, se han producido cambios notables en la estructura por edades de la población, lo que ha dado lugar a un proceso gradual de envejecimiento de la misma, expresado en el continuo aumento de la proporción de adultos y ancianos en la población total.

La tasa global de fecundidad en las mujeres mexicanas ha pasado de 7 hijos por mujer en 1970, a 2,2 en el año 2003. (INEGI 2004). Actualmente se prevé que el ritmo de descenso de la fecundidad será cada vez menor hasta alcanzar el nivel de reemplazo intergeneracional (2,1 hijos por mujer) en el año 2005, ya que las expectativas declaradas por la mayoría de las mujeres se centran en tener a lo más dos hijos o hijas.

Las entidades con más alta fecundidad son: Guerrero con 2,7 hijos por mujer, y Chiapas y Oaxaca con 2,4; mientras que el Distrito Federal destaca como la entidad de menor fecundidad, con dos hijos por mujer.

La tasa global de fecundidad (TGF) manifiesta diferencias entre las mujeres que residen en las áreas urbanas y rurales. En el periodo de 1974 a 1996, la TGF pasó de 7,4 a 3,5 hijos entre las mujeres que viven en las localidades rurales, y de 5 a 2,3 entre las mujeres que habitan en las localidades urbanas.

El aspecto educativo tiene un gran peso en la magnitud de la fecundidad, para el año 2000, pasando de 6,1 hijos para las mujeres sin ningún grado de escolaridad a 1,3 de nivel de secundaria en adelante. Estos datos destacan la importancia de la educación en el cambio de la actitud de la mujer respecto a la fecundidad. (Inmujeres 2001)

Existen también diferencias en la fecundidad de acuerdo a la actividad económica, la fecundidad de mujeres de la PEA es de 2,1 y de la PEI es de 2,9.

En esperanza de vida es uno de los indicadores donde las mujeres presentan mayores valores que los hombres. La diferencia entre la esperanza de vida masculina y femenina se ha ampliado, para el año 2002 existe una diferencia a favor de las mujeres de 5 años: mientras la esperanza de vida de los hombres es de 72,1 años, la de las mujeres es de 77,1 años.

Las entidades con menor esperanza de vida son: Chiapas con 1,7 años menor a la nacional, en Oaxaca y Guerrero la diferencia es de 1,4 años. Por el contrario el Distrito Federal, Baja California, y Nuevo León cuentan con un año más de vida media que la nacional. Estos datos se mantienen en el caso de las mujeres, donde la mayor esperanza de vida se encuentra en el D. F. con 78,2 años y la menor en Chiapas con 75,6 años.

La mortalidad se ha reducido, en 1970 se registraron 9,7 defunciones por cada mil habitantes y en el año 2001 4,4 defunciones, lo que representa una reducción en el riesgo de fallecer de 55 por ciento.

Las diferencias por sexo de la mortalidad son importantes: en 1970 la tasa de mortalidad masculina fue de 10,5 defunciones por cada mil hombres, mientras que la femenina alcanzó 9 decesos por cada mil mujeres. En el 2001 la tasa bruta de mortalidad masculina se redujo a 4,9 defunciones y la femenina a 3,8. Estas variaciones en relación a 1970 equivalen a una reducción en las tasas de 53% y 58% para cada sexo, respectivamente.

Respecto a la mortalidad infantil, se estima que para el año 2001 murieron 27 de cada 1.000 niños menores de 5 años, y los menores de un año representan el 84,4% de éstas. Las brechas por sexo entre las tasas de mortalidad para niños y niñas es de poco más de 6 puntos por cada mil. Existen grandes contrastes por entidad federativa, ya que en Chiapas y Oaxaca la tasa es equivalente a 40 defunciones por cada mil niños, mientras que en el Distrito Federal es de 21.


Actividad económica de las mujeres

A pesar de haberse incrementado la participación de las mujeres en la economía, una gran parte de las tareas desempeñadas por este colectivo siguen ocultas en las estadísticas, debido a consideraciones culturales. La incorporación de la mujer en el mercado de trabajo se debe tanto a los procesos de modernización y reestructuración económica, como al creciente nivel educativo y de estrategias de ingreso de las mujeres para sostener el nivel de vida de sus familias, severamente deteriorado por las crisis y los ajustes económicos.

La igualdad entre mujeres y hombres en la PEA, avanzó entre 1970 y 1991. La participación de la mujer se incrementó de 17,6% a 31,5%. Para el 2004 ha llegado tan sólo al 37,5%. Probablemente las crisis económicas han limitado una mayor incorporación (INEGI 2004)

A pesar de esto, la mujer sigue enfrentando múltiples obstáculos para insertarse en el mercado laboral. La participación femenina es baja para el país, que ocupa el onceavo lugar entre las economías del mundo. En otros países de la región las mujeres tienen tasas más altas de participación en la actividad económica como en Argentina (48%), Chile (42%), o Brasil (53%).

Las diferencias de participación económica femenina en los estados de la república van desde 43,9% en Colima, hasta un 28,1% en Zacatecas. No existe una correspondencia entre desarrollo y participación femenina ya que estados de nivel de desarrollo alto como Chihuahua o Coahuila presentan valores bajos. Buena parte de esta baja participación se explica por el predominio que tienen aún los roles sexistas tradicionales.

La explicación de tales datos puede derivarse del papel de refuerzo estructural por parte de las políticas de servicios sociales que provienen del Estado que promueven un modelo familista de bienestar, que hace recaer la mayor parte de la carga económica y de cuidados de los miembros dependientes del hogar en las familias, y dentro de ellas en las mujeres. Esto afecta con mayor intensidad a las mujeres pobres que tienen mayores restricciones económicas y de tiempo, para sustituir su presencia en el hogar y acudir al mercado de trabajo.

Una mirada sobre la inequidad de género en el mercado de trabajo la proporcionan la distribución de hombres y mujeres en los diversos grupos de ocupación. La mayor participación de las mujeres se encuentra en el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta propia y el trabajo familiar sin pago.

Los incrementos de su participación se manifiestan tanto en las ocupaciones tradicionalmente consideradas como femeninas, como obreras en la industria y ocupaciones más calificadas de profesionistas y técnicas. Sin embargo, a pesar de los cambios, las mujeres siguen concentrándose en un reducido número de opciones ocupacionales y, dentro de éstas, en los niveles de menor jerarquía.

Las mujeres tienen mayor presencia en el trabajo doméstico con el 87,8%, también destaca el sector educativo donde el 60,6% de l@s educador@s son mujeres. Otras ocupaciones con preponderancia femenina son oficinistas y comerciantes. Los menores valores se presentan en las ocupaciones agropecuarias, y en operador@s de transporte y protección y vigilancia. La manifestación de los estereotipos de los roles masculinos y femeninos son evidentes (Inmujeres 2005)

Ingresos y pobreza

La asimetría entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo se percibe en los desniveles existentes entre los ingresos de hombres y mujeres. Ya que para un mismo trabajo, en promedio la mujer percibe solo el 38% de lo que obtendría un hombre. Como le refiere Saltzman (1992) “…Cuanto mayor es la devaluación del trabajo de las mujeres y la legitimación de oportunidades y recompensas desiguales en función del sexo, mayor es la desigualdad real en la distribución de oportunidades y recompensas”.

Gran parte de las condiciones de la pobreza de las mujeres se explica por la falta de ingresos, ya que de acuerdo con los datos para el año 2002, el 50% de las mujeres mayores de 15 años, que residen en áreas urbanas, no tienen ingresos propios. El dato más alto se presenta en el grupo de 15 a 25 años donde alcanza el 63,3%. Para los grupos entre 25 a 34 y 35 a 44 años, los datos no mejoran mucho y alcanzan 45,1% y 42,0% respectivamente. (Inmujeres 2005)

El porcentaje de mujeres que no reciben ingresos, supera en mas de 4 puntos porcentuales a los hombres, 13,45% contra 9,13% de los hombres. Si bien la desigualdad en México es muy alta, se agrava cuando se comparan los datos entre hombres y mujeres. El 50,5% de los hombres ocupados gana dos salarios mínimos o menos, pero este dato se eleva en el caso de las mujeres hasta el 64,11%. En los niveles superiores de ingresos ocurre lo opuesto, por ejemplo, sólo el 7,5% de las mujeres percibe más de cinco salarios mínimos al mes, y el 11,7% de los hombres. (Inmujeres 2005)

Las condiciones laborales de las mujeres tienden a variar de acuerdo al grupo ocupacional, algunos denominadores comunes que representan situaciones de desventaja para ellas son:

a) la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, con su consiguiente desigualdad de oportunidades y discriminación salarial;
b) la doble jornada de trabajo que dificulta o impide a la mujer llevar a cabo actividades de capacitación, recreación o participación política y sindical; y
c) la insuficiencia o elevado costo de los servicios de apoyo, entre los que destaca el limitado acceso a guarderías y centros de atención y desarrollo infantil. (Inmujeres 2001)

La socialización ha condicionado los roles de hombres y mujeres y, las diferentes actividades que realizan unos y otras. Tradicionalmente se responsabilizaba a las mujeres de la carga doméstica y a los hombres de las funciones de proveedor. Esta situación esta cambiando, cada vez más la mujer se convierte en la conductora de los hogares, en el período 1995-2000, el porcentaje de hogares dirigido por mujeres se incrementó de 17,8% a 20,6%.

Además la tasa de participación en el trabajo doméstico de los hombres fue de 37,8% en 1995, y aumentó a 53,8% en el año 2000. Por otro lado la tasa de participación en el trabajo extradoméstico de la mujer fue de 34,5% en 1995 y de 36,7% en el año 2000, sin embargo esto no la exime de participar y asumir la responsabilidad del trabajo doméstico, la doble-jornada.


Índice de desarrollo relativo al género

La valoración de las condiciones de vida de la población ha sido un aspecto que se ha tomado en cuenta sólo en fechas relativamente recientes, el reconocimiento de las desigualdades entre regiones, países y grupos sociales ha dado como resultado diversos estudios que pretenden dar información que permita tomar decisiones y valorar los avances. También sólo en épocas más recientes se ha incluido la desigualdad de género como parte del reconocimiento de estas condiciones.

Para incorporar las diferencias entre hombres y mujeres, a partir de 1995 el PNUD propuso el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG)

Del Informe sobre Desarrollo Humano para México en el 2004, se indica que los estado de mayor IDG son el Distrito Federal, Nuevo León y Baja California, y los tres últimos a Guerrero, Oaxaca y Chiapas. (PNUD 2005).

La entidad con la menor diferencia entre el IDH y el IDG es el Distrito Federal, seguido por Jalisco, Colima, Baja California y Yucatán. En otras palabras, estas entidades presentan la mayor igualdad entre hombres y mujeres. Por otra parte, la mayor diferencia entre el IDH y el IDG corresponde a Veracruz, seguido por Guerrero, Tabasco, Oaxaca y Zacatecas.

La diferencia entre las entidades federativas con el IDG más alto y el más bajo es de 27,23% (el Distrito Federal, con un IDG de 0,86, y Chiapas, con 0,68). Entre los municipios la disparidad llega a 367,7%, la distancia entre la delegación Benito Juárez del Distrito Federal (0,90) y el municipio Santiago el Pinar, Chiapas (0,19).

Al comparar las posiciones de los estados respecto del IDH y el IDG se observa que Quintana Roo y Tabasco retroceden dos posiciones, mientras que los estados de México y Querétaro pierden una. Entre los que ganan posiciones se encuentran Jalisco, que pasó del lugar 13 al 12, y Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit y Yucatán, que avanzan un lugar.

Al realizar comparaciones internacionales se obtiene que el promedio nacional del IDG es semejante al de Panamá y por entidades federativas, el del Distrito Federal es similar al de República de Corea y el de Chiapas al de la República Árabe de Siria.

Para evaluar la brecha entre hombres y mujeres a partir de los logros de participación en su entorno se utiliza el Índice de Potenciación de Género (IPG), que mide la participación de las mujeres en distintos aspectos de la vida pública.

En 2002 el IPG nacional era de 0,529 y los valores más altos de este indicador se observaban en el Distrito Federal, Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche y Coahuila. Las entidades con menor IPG eran Oaxaca, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos y Chiapas.

El IPG nacional es similar al de Hungría, aunque a nivel de los estados se encuentran valores equivalentes a países como España y Reino Unido en el Distrito Federal, y otros equivalentes a Paraguay, en el caso de Chiapas.


Figura 2. Comparación internacional de los estados mexicanos en:

IDG 

IPG

Fuente: PNUD 2005 Informe sobre Desarrollo Humano de México 2004

Es manifiesto que el patrón de desarrollo humano en México es la desigualdad, sea ésta medida entre regiones, entre grupos o entre personas.

Se ha hecho hincapié en la necesidad de adoptar acciones positivas a favor de las formas discriminatorias ocultas que excluían a las mujeres de los puestos de representación y toma de decisiones políticas, como lo escribe Ana Rubio (2005): “Las mujeres necesitan, para hacer de la subjetividad y ciudadanía formal una subjetividad y ciudadanía real, ser reconocidas como sujetos racionales y con autoridad no sólo en la forma jurídica, también en la política.”

Actualmente el 51,7 % del padrón electoral esta conformado por mujeres. Sin embargo a la fecha ninguna mujer ha ocupado la Presidencia de la República y sólo dos mujeres han sido postuladas para dicho cargo.

Se ha incrementado la participación de las mujeres en las Cámaras de Diputados y Senadores, sin embargo los porcentajes son todavía muy bajos, el 18,8% en la cámara de senadores y el 22,4% en la de diputados. Esto a pesar de que desde el año 2002 se estableció una cuota de representación de 70-30 en ambas cámaras. (www.cddhcu.gob.mx 2004)

Pocas mujeres han ocupado el cargo de gobernadora. De las presidencias de los 2.452 municipios, las mujeres sólo ocupan el 3,7%, y en el cargo de regidoras alcanza un 24,8%.

En la Administración Pública Federal es muy variable la participación en los puestos de altos funcionarios. En la administración actual el 20% de los Secretarios de Estado (Ministros) y puestos homólogos; y el 20,5 de los subsecretarios.