Derechos Humanos

Los derechos humanos y su respeto son temas recurrentes y de referencia cuando se habla del Estado de Israel y de los territorios árabes que ocupa. A continuación se expondrán algunas de las consideraciones más relevantes y destacadas en relación a la situación de los derechos humanos en Israel, los territorios ocupados, y las zonas bajo control de la Autoridad Palestina.

Discriminación en Israel por razones religiosas, étnicas, de orientación sexual, etc.

La discriminación que sufren ciertos sectores sociales que viven en territorio israelí ha sido acreditada por varias organizaciones de defensa de los Derechos Humanos. Human Rights Watch (HRW en adelante) tanto en sus informes de 2000 como de 2001 y 2002 (informe 2005), destaca la desprotección que padecen las minorías religiosas (en Israel no está garantizada de facto la libertad religiosa) y los ciudadanos palestinos. Según la organización Arabhra (Asociación Árabe para los Derechos Humanos) la discriminación de la población palestina se ejerce desde las propias instituciones israelís a través, por ejemplo, de la implementación discrecional, y contraria a los intereses palestinos, de la legislación relativa a la demolición de casas o de confiscación de tierras. Del mismo modo, los palestinos también padecen discriminación en tanto a que la gran mayoría de ellos no son llamados a filas, y en Israel la realización del servicio militar es un elemento decisivo a la hora de optar a determinados beneficios (preferencia en la ocupación de trabajos públicos o de viviendas). De todos modos hay que remarcar que la tarea de control y represión que lleva a cabo el ejército de Israel, haría difícil la situación de los palestinos dentro de las IDF. También, las zonas urbanas o rurales de mayoría árabe no reciben las mismas ayudas estatales que otras zonas en las cuales vive población judía. En otro ámbito, la aplicación de la justicia comporta una clara discriminación entre judíos y palestinos. Los colonos judíos acusados de asesinar a palestinos reciben condenas de siete años como máximo, mientras que los palestinos por el asesinato de un judío son condenados a cadena perpetua. Éstos son algunos de los casos en los cuales se detectan discriminaciones contra la población palestina, pero se puede afirmar que existe una política continuada y general de discriminación llevada a cabo por las autoridades israelíes en contra de la población palestina de Israel y de Jerusalén Este. Esta política ha sido denunciada en numerosas ocasiones por organizaciones internacionales y por organizaciones israelo-palestinas de defensa de los Derechos Humanos.

Asimismo, también se detectan casos de discriminación dirigidos hacia las mujeres, gais y lesbianas, y atentados contra el pluralismo religioso. Este es uno de los problemas contra el cual se han movilizado numerosas organizaciones israelíes, que denuncian una imposición cada vez mayor de las premisas religiosas sobre la vida de personas que, o no creen o no son practicantes.

La situación de los palestinos en Israel y los territorios ocupados

En relación con los palestinos que viven en Israel, HRW destaca las trabas administrativas que padecen, que afectan todos los ámbitos de la vida, y que tienen el objetivo de expulsarlos de lo que algunos israelíes denominan la Tierra ‘de Israel’. El relator especial de las Naciones Unidas, en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, E/CN.4/2000/25, A/57/207 (2002), (ver último informe 2004) reconoce la existencia en Jerusalén Este de violaciones graves de los derechos humanos, especialmente en todo lo que tiene que ver con la revocación arbitraria de la residencia y la retirada de tarjetas de identidad en Jerusalén Este. Estas medidas, consideradas como arbitrarias y aplicadas únicamente a la población palestina, han afectado a decenas de miles de palestinos desde 1967. Esta política israelí persigue la judaización de la ciudad de Jerusalén. Un judío nunca perderá la residencia en la ciudad, aunque se marche fuera del país durante años, en cambio los palestinos pierden la residencia con mucha facilidad. Por otro lado, el gobierno israelí practica con frecuencia la demolición de casas palestinas (Informe de Amnistía Internacional de 2004) construidas sin permiso en Cisjordania o bien en la zona de Jerusalén Este. Es necesario tener en cuenta que obtener un permiso de construcción es prácticamente imposible para un palestino. La política israelí de denegación de permisos de construcción y la demolición de casas implica el desplazamiento de multitud de palestinos de Israel. La casa constituye un elemento importante de la vida familiar palestina, todos los recursos que tienen van a parar a aumentar la casa y la familia. Derribar la casa de una familia palestina supone un daño enorme e irreparable para las familias. Esta forma de castigo ya fue utilizada por los británicos en tiempos del Mandato de la Sociedad de Naciones.

Según informes de la Coalición Israelí Contra la Demolición de Casas, las autoridades israelís han impuesto sistemáticamente en la región una estructura de ocupación, desplazamiento y separación para mantener el control sobre la zona. La Coalición afirma que las autoridades israelís habían confiscado decenas de miles de ‘dunums’ (1000 m2) de tierras de cultivo. También afirma que desde 1967 han destruido más de 6.000 viviendas árabes en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Además la Coalición denuncia la política israelí orientada a impedir que los palestinos obtengan sus permisos para construir casas, lo que ha obligado a muchos palestinos a prescindir de estos permisos. Según datos del ministerio de Seguridad Interna, en Jerusalén se han construido, durante los últimos 30 años, 35.000 viviendas para judíos y ni una sola para palestinos. En lo que llevamos de año 2003, cada semana se derrocan una media de 30 a 40 casas en los Territorios Ocupados (ver Electronic Intifada).

A los palestinos no se les dan permisos para construir, pero en cambio, los terrenos que ocupaban las casas palestinas demolidas son rápidamente repobladas por colonos judíos, o al menos, por casas destinadas a colonos. Como indica HRW, una cuarta parte de las casas fabricadas a Cisjordania no han estado nunca ocupadas.

Los cierres de los territorios ocupados, son considerados por el Relator Especial de Naciones Unidas como castigos colectivos. La política de cierres se inauguró en 1993, pero sus consecuencias negativas son especialmente visibles desde el año 2000. Éstos implican no sólo una limitación de la libertad de movimiento y una situación de clara discriminación, sino que tienen importantes repercusiones económicas (muchos palestinos trabajan en Israel o en los asentamientos israelís) y provocan un empeoramiento de las condiciones de vida de la población palestina. Esta política se ha vuelto mucho más dura desde el inicio de la segunda Intifada en septiembre de 2000. A mediados de 2003, organizaciones como Arij, o Passia, han denunciado que muchos palestinos se están marchando ante la imposibilidad de vivir bajo la ocupación israelí. Estas organizaciones alertan de que Israel está buscando precisamente esto, el nominado «transfer voluntario». La prohibición de tránsito, la usurpación de tierras, el crecimiento de los asentamientos y la presencia del Muro «de seguridad», que se está construyendo dentro de Cisjordania, no encima de la línea verde, está llevando a mucha población palestina ocupada al límite de la resistencia y la supervivencia.

Desde muchos puntos de vista, el cierre de los territorios es una forma de castigo colectivo que desde el gobierno israelí se justifica «por razones de seguridad», pero que va contra las leyes internacionales que el propio Estado de Israel ha firmado, y en concreto, contra el 4º Convenio de Ginebra de 1949 (Título III).

Hoy en día, Israel infringe el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, ratificado por este país en 1993. Según la Comisión de Derechos Humanos, la objeción de conciencia al servicio militar es un ejercicio del derecho legítimo a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. A pesar de esto en Israel la objeción de conciencia no está contemplada como causa de exención al servicio militar, pero en cambio sí se acepta como causa de exención la existencia de motivos religiosos. Así sucede, por ejemplo, con los israelíes que estudian en las yeshives o escuelas religiosas. Aquellas personas que se declaran objetoras de conciencia (WRI-IRG) son objeto de diferentes tipos de cargos que incluyen, incluso, penas de cárcel.

En otro ámbito, el Estado de Israel continúa practicando la tortura y los malos tratos a las personas detenidas. Detenciones arbitrarias en muchos casos, abuso de la detención administrativa, juicios sin garantías, asesinatos extrajudiciales, etc. Son diversos los organismos internacionales, palestinos (Palestinian Prisoner Society) e israelíes (B’Tselem) de defensa de los derechos humanos, que informan de la impunidad con que las fuerzas de seguridad israelíes actuan habitualmente. El Relator Especial de las Naciones Unidas, en su informe presentado en marzo de 2000 (E/CN.4/2000/25) (ver informes de 2002, 2003 y 2004), confirma la práctica de la tortura por parte de los Servicios de Seguridad israelíes. La tortura y los maltratos son acciones que llevan a cabo de forma sistemática los Servicios de Seguridad General (SSG) y en menor medida las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), tal y como lo recoge AI en varios informes. La tortura está garantizada por ley en Israel, siempre se acompaña de una vigilancia médica de los detenidos para evitar la muerte durante la detención. Según AI, el método de tortura varía en función del estado de salud del detenido. Según AI, desde 1987, los SSG condujeron sus interrogatorios de acuerdo con una guía para el uso «de la presión moderada».

El uso de la tortura y de otras prácticas que violan los derechos humanos es justificado por el gobierno israelí, que, como recoge AI, afirma que «los detenidos son ‘terroristas’ y la presión física salva muchas vidas de los ataques terroristas».

Según el informe del Relator, entre las prácticas israelíes de presión se podía encontrar ‘el abuso de poder; la utilización de capuchas; la privación prolongada del sueño y la obligación de escuchar música a un volumen muy elevado; amenazas, incluidas las de muerte, etc.’ (las fuentes palestinas también acusan de dar palizas y utilizar descargas eléctricas). Algunas de estas prácticas fueron declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Israel en septiembre de 1999. Aun así, se dejó una puerta abierta al ejercicio de este tipo de prácticas. Éstas serían aceptadas sólo si eran autorizadas específicamente por disposiciones legislativas. También se prevé que las personas de los servicios de seguridad puedan aplicar las técnicas antes mencionadas en circunstancias extremas, es decir bajo su criterio y con total arbitrariedad.

Según Amnistía Internacional (AI), en los territorios ocupados la población palestina continúa sufriendo detenciones ilegales y la incomunicación durante las mismas. Ambas actuaciones están reglamentadas en el Orden Militar Israelí 378. Del mismo modo, en las zonas B y zonas C (ver Memorándum de Sharm el-Sheikh) los servicios de seguridad israelíes actúan libremente, por ejemplo, imponiendo el toque de queda a discreción. Las detenciones administrativas y la presión aumentan cuando se producen atentados en Israel, así ocurrió en 1993 y los años siguientes. En la actualidad, y especialmente a partir de septiembre de 2000, las represalias han ido aumentado de grado hasta el punto de ocupar militarmente y bombardear zonas controladas por la Autoridad Palestina. Estas prácticas han estado denunciadas en repetidas ocasiones, incluso por la propia Unión Europea (informe del 28 de marzo de 2001, en inglés). Las retiradas israelíes de territorios bajo control de la AP tienen más efecto mediático que real. La retirada de Bethlehem, producida en julio de 2003 tuvo un fuerte seguimiento mediático y un gran despliegue propagandístico, pero sobre el terreno no supuso ninguna mejora para la vida de la población palestina de Bethlehem, Beit Jala o Bet Sahour. Este hecho fue constatado sobre el terreno por miembros del Observatorio Solidaridad.

Según AI, la detención administrativa ha sido un recurso muy utilizado desde 1993, y se aplica tanto a judíos (aunque muy pocos) como árabes, sobre todo a palestinos de Gaza y Cisjordania. La detención administrativa permite a las autoridades israelíes mantener detenido a un sospechoso sin presentar cargos concretos ni juzgarlo. Además, la detención administrativa se puede prorrogar indefinidamente. Según la Palestinian Prisoner Society, durante la actual intifada han muerto 120 palestinos mientras estaban detenidos.

Según HRW, unos 100.000 palestinos han sido objeto de detenciones, de torturas y maltratos desde 1987 (inicio de la primera Intifada). También se han obtenido confesiones bajo tortura, que después se han admitido como válidas en juicios. Los juicios militares, que no obstante se han reducido, son un sistema que todavía está vigente, tal y como indica AI.

Según señala AI, y los informes presentados por el Relator Especial ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Informe 2004), la brutalidad no se acaba en los SSG ni en las FDI, sino que también la policía, sobre todo en los puntos de control, golpea y trata de forma vejatoria a los palestinos. Circunstancias que se agrava en épocas de gran tensión. De hecho son numerosas las críticas a la actitud violenta y agresiva de los soldados en los checkpoints. Los controles y registros muchas veces se hacen de forma humillante y con una actitud poco respetuosa. De estas prácticas son testigos también, los cooperantes y trabajadores humanitarios extranjeros que operan en los territorios ocupados.

Con respecto a los asesinatos, denominados «selectivos», el número de este tipo de sucesos disminuyó con la llegada de los Acuerdos de Oslo, pero con el comienzo de la segunda Intifada, y el colapso del propio proceso de paz, han aumentado considerablemente. Han sido asesinados miembros de Hamas o de la Jihad Islámica, y otras facciones, e incluso a algunas personas favorables. Además otras personas han sido asesinadas por las FDI durante manifestaciones y disturbios, sobre todo durante la actual Intifada.

En muy pocos casos, las denuncias realizadas por maltratos, torturas, etc. tienen como resultado la inculpación de los denunciados. Esto es así pese a que las organizaciones de derechos humanos tanto en Israel como en Palestina son muy activas y denuncian los casos que les llegan.

Enlaces de interés:

Refugiados

La guerra de 1948 y las siguientes tuvieron entre otras consecuencias, la ocupación militar israelí de territorios habitados por palestinos. Este es el caso del actual Israel, de Gaza, Cisjordania y la ciudad de Jerusalén. La guerra y la posterior ocupación militar provocaron diferentes olas de refugiados. Actualmente existen 30 campamentos de refugiados palestinos situados en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Los refugiados palestinos también se sitúan en otros partes de la región, tal y como indica la UNRWA– United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Estos refugiados tienen derecho al retorno a sus casas y propiedades, así como, en su defecto, a recibir indemnizaciones por la pérdida de sus propiedades, pero hasta ahora Israel ha ignorado totalmente su responsabilidad.

Asentamientos

Como ha puesto de manifiesto en varias ocasiones la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Israel está considerada como una potencia ocupante. De este rol se derivan una serie de responsabilidades y obligaciones entre las cuales se encuentran las estipuladas por el derecho Internacional Humanitario, en los diferentes Tratados de los que el estado de Israel es parte, y de los principios del derecho internacional. Desde Naciones Unidas se ha afirmado en repetidas ocasiones que los asentamientos de colonos judíos en los territorios ocupados son ilegales, y suponen uno de los mayores obstáculos para la consecución de la paz en la zona, así como un impedimento para la completa realización de los derechos políticos y humanos de la población que habita los Territorios Ocupados.

La política de ocupación israelí que incluye, entre otras cuestiones, la creación y refuerzo de asentamientos de colonos, expropiaciones de propiedades de palestinos, así como la política de desalojos llevada a cabo por Israel en los territorios ocupados, representa una violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En los últimos años, las autoridades israelíes han sembrado todo el territorio de carreteras que comunican dichos asentamientos entre ellos y con Israel. Estas carreteras dificultan aún más la movilidad de las poblaciones ocupadas y además compartimentan extremadamente el territorio comprometiendo muy seriamente la creación de un estado palestino soberano y autónomo. La continuidad territorial de las zonas controladas por la AP es imposible y la presencia de carreteras y de colonos impide el control palestino efectivo del territorio, y además, sirve de excusa a Israel, para mantener la presencia de su ejército.

Política de ocupación israelí

La política israelí de asentamientos ha sido, y continúa siendo, muy agresiva. La construcción de asentamientos se intensificó de manera importante durante la Paz de Oslo. Continuó a pesar de los acuerdos (que incluían su congelación), especialmente bajo los gobiernos de Benjamin Netanyahu y de Barak (laboristas). Era de esperar que Sharom (Likud) continuara en la misma tónica. Ya en febrero de 1999, un asesor del Ministerio de Defensa hizo públicas las intenciones del gobierno de favorecer los asentamientos existentes en Cisjordania, y favorecer la creación de nuevos asentamientos en esta misma zona antes de las elecciones de mayo de este mismo año. Con los asentamientos ilegales y la ocupación de tierras el gobierno persigue modificar la realidad de los Territorios Ocupados mediante hechos consumados. Esta política ha tenido y tiene importantes implicaciones y efectos negativos sobre las posibles vías hacia la paz. La política israelí consiste en modificar la realidad demográfica y geográfica de los territorios ocupados de tal modo que sea inviable la creación de un estado palestino soberano y autónomo. Por su parte los colonos, que en muchas ocasiones han contado con el apoyo activo y pasivo del ejército israelí, ocuparon y expandieron los asentamientos ampliamente durante las conversaciones, haciendo inútiles los esfuerzos de algunos mediadores. Con estas actuaciones trataban de impedir la contigüidad entre sus asentamientos y las tierras palestinas, por un lado, y por otro, influir en las negociaciones del estatus permanente final de los territorios ocupados. Durante los mandatos de Netanyahu y Barak, la política de asentamientos conoció un importante crecimiento, la ONG israelí Paz Ahora dio a conocer, mediante sus informes, que entre enero y septiembre de 1998, la población de los diez principales asentamientos por número de habitantes, situados en los territorios ocupados había aumentado en un 5,9%. Los asentamientos que más crecieron fueron los habitados por judíos ultraortodoxos. La política expansiva israelí, materializada en la proliferación de asentamientos, fue criticada incluso por el enviado especial de los Estados Unidos para Oriente Medio (marzo de 1999), Dennis Ross. Incluso el gobierno británico criticó en agosto de 2001 la política de asentamientos del gobierno israelí.

Según el Informe del Relator Especial (E/CN.4/2000/25), Israel mantenía en 1999, 19 asentamientos de colonos en Gaza -que ocupaban 23.000 ‘dunums’ de tierras expropiadas-. En Cisjordania, Israel contaba con 158 asentamientos y 16 en Jerusalén. Tal y como afirma el Relator Especial, ‘estos asentamientos forzosos violan en particular el artículo 49 del 4º Convenio de Ginebra, así como otras normas del derecho internacional’. El ritmo de crecimiento de los asentamientos no refleja una disminución de éstos, sino más bien al contrario. Según señala el Relator, el gobierno Barak aprobó la construcción de casi 6.000 unidades de asentamientos en 1999, asimismo, durante ese mismo año la población de colonos en Gaza y Cisjordania aumentó un 12.5% (Informe 2001). Según el Arij, a mediados de 2003, y según fotos de satélite, los asentamientos judíos en Cisjordania podrían llegar a 400, y el número de colonos a más de 400.000.

Influencia de la política de asentamientos sobre la población de la región

Durante los años 2000 a 2004 (Informes de Paz Ahora) se registraron incidentes relacionados con la destrucción de cosechas situadas en terrenos propiedad palestina. Según Paz Ahora estos incidentes han estado perpetrados por particulares (mayoritariamente colonos de asentamientos judíos) y por el Ejército israelí. También las confiscaciones de tierras por parte del gobierno israelí continúan produciéndose con procedimientos poco claros, propiciados por el desconocimiento del proceso administrativo y, por lo tanto, por la imposibilidad de ejercer el derecho de recurrir por parte de los palestinos afectados. A su vez, el gobierno israelí continúa financiando los asentamientos de colonos, y amplía constantemente la oferta de viviendas situadas en territorios ocupados.

Ante la situación de progresiva expansión de los asentamientos, se multiplican los enfrentamientos entre palestinos y colonos. Los primeros intentan frenar la expansión de los segundos por territorio palestino.

Implicaciones de la política de asentamientos israelíes para las condiciones de vida de la población palestina de los territorios ocupados

La cuestión del agua

El agua continua suponiendo un grave problema en la zona. La ocupación israelí continúa favoreciendo a los colonos en el acceso, distribución, consumo y precio, de un recurso escaso en la zona. Esta priorización se realiza en claro detrimento de los palestinos que padecen cortes de agua (hasta 14 días en Beit Jala, julio de 2003) que perjudican claramente a sus cosechas, mientras los asentamientos disfrutan de agua de forma constante, que incluso les permite llenar sus piscinas. Los asentamientos no sólo disponen de un mayor y mejor acceso al agua, sino que además la pagan más barata, puesto que ésta está fuertemente subvencionada por el gobierno israelí. La población palestina tiene que pagar por el agua cuatro veces más que el precio que se paga en Israel, donde se consume más de tres veces lo que consumen los territorios ocupados. Otras desigualdades se observan en relación al acceso a los acuíferos entre colonos y población palestina. Mientras los colonos pueden perforar pozos hasta llegar a los 1.000 metros (y de este modo acceder a agua de mayor calidad) a los palestinos sólo se los autoriza (muy de tanto en tanto) a perforar hasta los 500 metros. Para profundizar sobre la cuestión del agua en conflicto árabe israelí, ver Temas clave de la negociación.

El medio ambiente

La política de expansión demográfica de Israel ha propiciado la construcción de asentamientos en zonas estratégicas, normalmente en zonas altas, dominando valles en los cuales vive población palestina. Esta situación privilegiada ha contribuido a empeorar la calidad de vida de los palestinos, que se ven directamente afectados por los residuos industriales y las aguas residuales sin tratamiento, procedentes de los asentamientos de colonos. Estos residuos se infiltran en los acuíferos y en las tierras cultivadas, perjudicando la agricultura y la ganadería, sectores de producción de los cuales dependen muchas familias palestinas.

Las consecuencias sociales y psicológicas de la ocupación

El 74 % de la población palestina (unos 3.150.000 personas aproximadamente) que vive en los territorios ocupados por Israel no ha conocido nunca otro régimen de vida que el existente. Según señala el Relator Especial en un informe de marzo de 2000 (E/CN.4/2000/25), la implantación de asentamientos de colonos en Cisjordania y en Gaza no es aceptada ni bienvenida por la práctica totalidad de la población palestina (afirmación del todo previsible). Asimismo también se señala el impacto negativo que la ocupación militar ha tenido sobre los habitantes de Cisjordania y Gaza. En los territorios ocupados se han registrado muertes, heridos e incapacitados, como resultado de la represión militar y policial israelí, y de los ataques de los colonos contra la población palestina. Desde el inicio de la 2ª Intifada, en septiembre de 2000, ya han muerto casi 2800 personas (más del 80% palestinas), y se habla ya, a principios de 2003, de más de 50.000 heridos. Por otro lado, el control militar israelí de la franja de Gaza y Cisjordania permite el cierre total de los territorios ocupados y el control absoluto de las personas que van de una parte del territorio a la otra, intermediando permisos de viaje y el establecimiento de controles (checkpoints) que limitan la libertad de circulación de la población palestina. Se continúan denunciando restricciones a la salida de palestinos de los territorios ocupados, al retorno a los territorios y a sus desplazamientos en sus adentros. También hay problemas con las tarjetas de identidad. Esta limitación en la libertad de movimientos afecta negativamente al funcionamiento del sistema sanitario y educativo en particular, y de las instituciones políticas palestinas por lo general, etc. Sin duda las acciones israelíes desde finales de 2001, con bombardeos directos sobre instalaciones y edificios de la policía y las autoridades palestinas por parte del Ejército de Israel (IDF), no están ayudando a mejorar la situación aquí expuesta ni el clima bélico que preside la realidad cotidiana.

Más información sobre la cuestión de los asentamientos:

Informes de Naciones Unidas. En inglés, francés y castellano. Aquí podréis encontrar diferentes informes presentados ante los diferentes organismos de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios ocupados por los relatores de Naciones Unidas, ONGs, etc., sobre derechos humanos, tortura, asentamientos ilegales, etc.

ARIJ – Applied Research Institute – Jerusalem. Eye on Palestine. En inglés. Web dedicada a la monitorización de las actividades de los colonos israelíes en los territorios de Gaza y Cisjordania, así como Jerusalén. En esta página podréis encontrar informes y mapas actualizados sobre los asentamientos israelíes y su evolución, así como el impacto social, ambiental, etc. de estos asentamientos sobre el territorio, la población, … ARIJ además ofrece información sobre los proyectos de investigación que lleva a cabo (proyectos centrados en el agua, la biodiversidad, etc).

Autoridad Nacional Palestina. En inglés. Página oficial de la ANP en ella encontraréis información sobre el proceso de paz, sobre la configuración política de la ANP, sobre la economía palestina, la construcción del estado, discursos oficiales, asentamientos judíos, etc. La destrucción de infraestructuras palestinas durante la actual intifada ha provocado que las páginas de la Autoridad Palestinas no siempre funcionen correctamente.

La situación de los derechos humanos en los territorios controlados por la Autoridad Nacional Palestina

En los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, las autoridades israelíes han cometido innumerables violaciones de los derechos humanos, pero también la Autoridad Palestina es responsable de violaciones de los derechos humanos en las zonas que controla. Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado detenciones ilegales, maltratos, abusos de autoridad, etc. realizados por las fuerzas de seguridad palestinas, bajo control de las máximas autoridades políticas. Amnistía Internacional, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, de 9 de septiembre de 1998 (informes anuales), ya se hacía eco de varias violaciones de los derechos humanos cometidas por funcionarios de la Autoridad Palestina. Entre las actividades denunciadas están las detenciones ilegales, la práctica de la tortura o el acoso de líderes opositores y de miembros de ONG. Estas denuncias se reproducen en el informe de 2004.

La práctica de las detenciones ilegales que se realizaban bajo el control de las autoridades israelíes continúa dándose en aquellas zonas controladas por la Autoridad Palestina. Según AI, se pueden distinguir «tres categorías de detenidos políticos: los que son sospechosos de cooperación, pasado o presente, con los servicios de seguridad israelíes (…)»; entre éstos destacan los detenidos por cooperar con los israelíes por lo general y también aquellos que han vendido tierra a judíos. AI también diferencia entre «aquellos conocidos como prisioneros ‘políticos’, sospechosos de ser miembros de grupos como Hamas, Jidah Islámica o el Frente para la Liberación de Palestina (FPLP), opuestos al proceso de paz con Israel; y aquellos detenidos por criticar u oponerse a miembros de la AP». Cada una de estas categorías recibe un trato diferente.

Aquellos que son acusados de colaboradores son, según AI, arrestados, incomunicados y torturados sistemáticamente durante largos períodos de tiempo. Algunas de estas personas torturadas han muerto en las dependencias de detención palestinas. No se conoce la existencia de ningún juicio a estos detenidos y muy pocos miembros de los servicios de seguridad son juzgados por haber maltratado o torturado a personas englobadas en esta categoría de detenidos.

La segunda categoría a la cual se refiere AI son los prisioneros «políticos». Los prisioneros «políticos» están arrestados durante horas, días o meses sin cargos, a veces no se les interroga y normalmente no sufren maltratos. Según AI, el trato a estos prisioneros depende de la presión que ejerza Israel sobre la Autoridad Palestina, pero también de la presión internacional y local.

En tercer lugar, se sitúan los críticos con la AP, entre los cuales se incluyen periodistas, defensores de los derechos humanos, etc. Aquellas personas que critican a la AP también son detenidas sin cargos, por lo general, no sufren torturas y son liberados a los pocos días, pero no siempre es así. En ocasiones se han denunciado las muertes de periodistas o defensores de los derechos humanos, presumiblemente a manos de las fuerzas policiales palestinas.

Tanto HRW como AI denuncian los arrestos ilegales y arbitrarios perpetrados por las fuerzas de seguridad palestinas. En estas detenciones sin cargos se niega el acceso a una defensa legal y al contacto con los familiares.

Según AI, el uso de la tortura y los maltratos es generalizado en las fuerzas de seguridad palestinas, pero en particular, es utilizado por los Servicios de Seguridad Preventiva (PSS), por la Inteligencia General y por la Inteligencia Militar (en este último caso la práctica de la tortura es sistemática). Del mismo modo, AI señala la existencia de una tendencia a la disminución del uso de la tortura, y explica que esto es debido sólo a las presiones internacionales y locales.

Por otro lado, HRW denuncia la falta de garantías de los juicios y, por lo general, del sistema judicial, que no se puede considerar ni independiente ni efectivo, tal y como reflejan los informes de la Comisión Independiente Palestina para los Derechos de los Ciudadanos. El sistema judicial palestino no dispone de los recursos humanos ni materiales adecuados para llevar a cabo su labor de forma adecuada a los estándares internacionales. Los obstáculos del ejecutivo para aprobar una constitución que establecería las responsabilidades y obligaciones de las instituciones existentes, favorecen la no delimitación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y responsabilidades, y el predominio del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes. Recordemos que la Autoridad Palestina no es uno estado, por lo tanto no dispone de la mayoría de instrumentos necesarios, ni la autonomía, para garantizar un funcionamiento ejemplar de sus instituciones. Aun así en materia de derechos humanos no podemos hacer excepciones ni buscar excusas.

En abril de 1995 se creó, mediante un decreto presidencial, la Corte de Seguridad Estatal. AI afirma que «las Cortes de Seguridad Estatal se utilizan habitualmente como un arma del ejecutivo para varias finalidades: para condenar a aquellas personas para las cuales Israel o los Estados Unidos piden una condena; para satisfacer las demandas de condena a miembros de los servicios de seguridad, por graves violaciones de los derechos humanos, y también son utilizados para amedrentar a defensores de los derechos humanos y otros personas críticas con la AP». Según AI, estos tribunales juzgan durante la noche, sin avisar a los abogados defensores, y en ocasiones sólo duran minutos. Además, no existe el derecho de apelación.

Según AI, «el número de posibles ejecuciones extrajudiciales y delitos de homicidio llevados a cabo por los servicios de seguridad palestinos han disminuido en los últimos cuatro años». Aun así, las ejecuciones extrajudiciales continúan afectando sobre todo a aquellas personas acusadas de cooperación con Israel (colaboracionistas) o de haber vendido tierras a los judíos.

También han resultado víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad palestinas, militantes de fuerzas opuestas a los procesos de paz (tanto a Oslo como a la Hoja de Ruta). Simpatizantes de partidos de oposición, activistas de organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos que denuncien los excesos de la ANP, etc., padecen, en muchos casos, detenciones ilegales y acoso por parte de la policía.

AI afirma que, a pesar de su disminución, continúan produciéndose muertos como consecuencia de torturas y malos tratos. AI apunta que la causa de la disminución puede deberse, además de por la mejora de los entrenamientos y de las armas, a la presión internacional. También se continúan produciendo muertes como consecuencia de un «uso injustificado de la fuerza letal contra manifestantes». Asimismo, también se registran episodios de violencia en los puntos de control en las carreteras.

En otro ámbito, la libertad de prensa continúa estando restringida. En muchos casos, los periodistas que critican a la Autoridad Nacional Palestina son arrestados e interrogados, y los periódicos son cerrados por el gobierno. Esto favorece un clima de miedo y autocensura denunciado por diversas ONG, entre ellas, Reporteros sin Fronteras o el Comité para la Protección de los Periodistas.

Más información sobre la situación de los Derechos Humanos en las zonas controladas por la Autoridad Nacional Palestina:

Amnistía Internacional. Básicamente en inglés, aunque existe la posibilidad de encontrar algo en castellano.

Human Rights Watch. En inglés, francés y castellano.

Grupo Palestino de Monitorización de los Derechos Humanos. En inglés y árabe. Organización que monitoriza la situación de los derechos humanos en Gaza y Cisjordania. En su página web podréis encontrar interesantes informes relacionados con diferentes violaciones de los derechos humanos (derecho de expresión, derechos de los trabajadores, derechos políticos, etc.). Los informes están actualizados.

Asociación Palestina para la Protección de los Derechos Humanos y del Medio ambiente LAW. En inglés. Organización creada en 1990 por un grupo de abogados focaliza su acción en la promoción de los derechos humanos y de los principios del estado de derecho. LAW proporciona asesoramiento legal y defensa a las víctimas de violaciones de derechos humanos tanto en Israel como en Palestina, también organiza fórums, conferencias, debates,… sobre temas de interés. En su página web encontraréis información sobre la situación actual de los derechos humanos en Israel y en la zona controlada por la ANP.

Comisión Palestina Independiente para los Derechos de los Ciudadanos. En inglés y árabe. Se autodefine como la primera institución nacional de derechos humanos en el mundo árabe. Su actividad gira en torno a la consecución del respeto por los derechos de los ciudadanos en Palestina a través del esfuerzo constante en el mantenimiento del respeto por el estado de derecho por parte de todas las instituciones oficiales.

Organización Mundial contra la Tortura. En inglés y castellano. La Organización Mundial Contra la Tortura es una coalición internacional de ONG que luchen contra la tortura y otras formas de trato cruel e inhumano. Ponen en circulación comunicados sobre torturas, ejecuciones sumarias, etc. también, organizan conferencias internacionales y participan y organizan misiones de investigación.

Podréis encontrar más organizaciones de defensa de los derechos humanos en las siguientes direcciones:

Universidad de Birzeit. En inglés. La página web realizada por la Universidad de Birzeit contiene interesante información, enlaces y descripción sobre las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos que actúan en Gaza y Cisjordania. A su vez, también podréis encontrar información sobre el gobierno palestino e israelí, partidos políticos, medios de comunicación, etc. Es una web muy completa.

Ariga. En inglés. Creada por el periodista israelí Robert Rosenberg, Ariga contiene información sobre los movimientos cívicos existentes en Israel. La página web tiene tres secciones, entre las que destaca la dedicada a la paz. Esta sección contiene descripciones y enlaces con otras ONG, y páginas web relacionadas con el tema de la paz, tanto en Israel como fuera del país.

Directorio de ONG que trabajan en Palestina. En inglés. Esta página web, realizada por la división de Naciones Unidas para los Derechos de los Palestinos, contiene un listado muy extenso, agrupado por áreas de actividad, sobre las ONG que actúan en Gaza y Cisjordania. Encontraréis organizaciones que trabajan temas de agricultura, de promoción de la paz, solidaridad, defensa de los derechos humanos, etc. Muy interesante y muy completa.