Situación de partida

Jordania ha sido desde finales del siglo XIX, cuando todavía era conocida como Transjordania, un espacio de acogida de personas refugiadas. Varias oleadas de personas refugiadas han llegado y se han asentado en Jordania. En el siglo XX, Jordania acogió a los palestinos que huían de la guerra de 1948 contra Israel, y a una segunda oleada de palestinos tras la ocupación de Gaza por parte de Israel en 1967. De hecho, se calcula que más de dos millones de refugiados palestinos residen en Jordania. Una proporción elevada de estos refugiados vive en alguno de los 10 campos de refugiados gestionados por la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo).

Las guerras en Irak y la inestabilidad social de este país vecino de Jordania explican la huida de miles de iraquíes. ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) ha registrado en Jordania a casi 62.000 refugiados iraquíes. Las cifras oficiales y las reales varían. Desde ACNUR, propiamente, se contabilizan más de 400.000 iraquíes sin registrar y, por lo tanto, sin acceso gratuito a los sistemas nacionales jordanos de sanidad y educación ni a otras medidas asistenciales del WFO (Programa Mundial de Alimentos).

Otros colectivos de refugiados que se han identificado en Jordania son los yemeníes, los somalíes y, de forma muy acentuada desde 2011, los sirios. De hecho, se calcula que cerca de millón y medio de sirios vive en Jordania, según el gobierno jordano. ACNUR reconoce más de 600.000 personas, que son las que están registradas.

En total, se calcula que cerca de un 42% de la población jordana es refugiada.

Con unos recursos naturales muy limitados (especialmente, respecto al acceso al agua), una población especialmente concentrada en las ciudades, una importante presión demográfica sobre los recursos y un contexto regional políticamente inestable, Jordania depende de las ayudas internacionales y de las remesas que los trabajadores jordanos envían al extranjero. La llegada masiva de personas refugiadas a Jordania ha tenido un impacto ambiental grave; específicamente, sobre el acceso a agua. De hecho, Jordania ha pasado de ser el cuarto país más pobre en términos de agua a ser el tercero. Además, también ha habido impacto en términos:

  • sociales: con una reticencia de la población local hacia las personas refugiadas, un incremento de la pobreza…
  • laborales: con una presión a la baja de los salarios, un incremento de la tasa de paro…
  • económicos: con un incremento de los precios de los alimentos, de la vivienda…
  • de acceso a los servicios básicos: se han sobrecargado los sistemas públicos de educación y sanidad
  • de infraestructura, de seguridad nacional…

Desde el punto de vista de los derechos humanos, numerosos informes de Naciones Unidas denuncian una arraigada e intensa violencia de género contra mujeres y niñas. Se identifica la violencia psicológica y verbal como forma más extendida de violencia de género, así como el control de maridos sobre los movimientos y la libertad de opinión de sus esposas. También se identifica violencia física y sexual contra las mujeres. Por otro lado, se denuncia la persistencia en el tiempo del matrimonio forzado e infantil; así como de la explotación sexual de niños.

Por otra parte, aunque el acceso de las mujeres a la educación (tanto secundaria como superior) es muy alto, la participación femenina en la economía aún es limitada (de un 22% en comparación con el 89% de los hombres). Naciones Unidas denuncia formas de violencia económica, por la que los maridos limitan el acceso de las esposas al mercado de trabajo o bien las obligan a trabajar y se quedan con los salarios que obtienen, por lo que incrementan su dependencia económica.

Asimismo, se denuncia la existencia de tráfico de personas con fines de explotación laboral (que afecta desproporcionadamente a las mujeres que trabajan en el servicio doméstico), explotación sexual, mendicidad o tráfico de órganos. La población vulnerable al tráfico de personas es tanto población jordana como población refugiada, solicitante de asilo y trabajadores/as extranjeros/as.

Igualmente, se denuncia el aumento del trabajo infantil, especialmente entre las familias refugiadas, así como el incremento de la tortura y los malos tratos en los centros de detención, o el uso de la prisión preventiva y la detención administrativa por parte de la estado. Ésta última (la detención sin cargos y sin garantías procesales) se aplica contra las mujeres y niñas, y se justifica esgrimiendo la defensa del colectivo femenino contra los posibles «delitos de honor».

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