Situación de partida

A principios de la década de los 2000, Líbano inició una etapa de frágil paz tras un conflicto interno entre comunidades religiosas cristianas y musulmanas que terminó en 1989; de un conflicto con Israel, que invadió en varias ocasiones el sur de Líbano, y de la retirada de tropas sirias que habían permanecido en territorio libanés durante casi 30 años.

A nivel interno, el periodo de paz se produce en un contexto político en el que el equilibrio tiene como base el reparto del poder entre las comunidades religiosas (cristianas y musulmanas), en el que el peso demográfico de las comunidades religiosas es un elemento importante, y en el que se detectan vulneraciones de derechos humanos (discriminación de la mujer, discriminación de la población refugiada palestina ubicada en Líbano,…), denunciadas por Naciones Unidas y diferentes ONG.

La llegada masiva de personas que buscan protección internacional (casi 2 millones en 3 años) ha incorporado un nuevo elemento de desequilibrio en un escenario ya intrínsecamente complejo; un desequilibrio en el panorama demográfico y también un incremento del número de personas que necesitan acceder en condiciones de dignidad a recursos escasos; entre ellos, el trabajo, la vivienda, la educación, la sanidad,…

El impacto de la guerra en Siria en la economía libanesa también ha sido importante, y tanto muchas de las comunidades de acogida como la población refugiada están viviendo situaciones de pobreza, en muchas ocasiones producida por los altos niveles de desempleo, la sobresaturación del mercado de trabajo y la economía sumergida, situaciones preexistentes antes de la guerra en Siria, pero que se han acentuado con la llegada de personas que huyen del conflicto. Según datos del Plan de Respuesta ante la Crisis en Líbano (2017-2020), de los 3.3 millones de personas en situación de vulnerabilidad, a grosso modo, 1.5 millones eran población libanesa, otro 1.5 millones eran refugiados sirios, y casi 500.000 personas eran palestinas refugiadas. Esta situación de competencia por los recursos escasos crea tensión en el ámbito local y estatal.

Entre las situaciones precrisis existentes en Líbano que se han acentuado tras el conflicto, se encuentran las vulneraciones de derechos humanos. Se ha documentado la explotación de personas extranjeras (especialmente, de personas dedicadas al servicio doméstico) y, también, como elemento común en la región de Oriente Próximo, situaciones de tráfico de personas. Se considera que, antes de la crisis humanitaria que ha comportado el conflicto sirio, Líbano ya era un lugar de tránsito y destino de las redes de explotación y tráfico de personas. Asimismo, se han identificado, en proporciones crecientes, casos de prostitución forzada de menores provenientes tanto de Siria como de Irak.

Aunque el gobierno libanés está dando pasos para la eliminación de la discriminación de género y está adoptando medidas para la erradicación de las redes de tráfico y explotación de personas, varias ONG y organizaciones internacionales (como la ONU) siguen denunciando la persistencia de estas situaciones; situaciones ante las que las personas -sobre todo, las mujeres- que han tenido que huir de la guerra en Siria son especialmente vulnerables.

Así pues, es en este punto de partida que hay que situar las condiciones de vida de las personas sirias refugiades en Líbano y, con especial atención, de los colectivos de refugiados más vulnerables: niñas, mujeres y, especialmente, mujeres que son cabeza de familia.

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